En un esfuerzo por incentivar la competitividad y asegurar una durabilidad razonable de las empresas en especial las PYME, el gobierno nacional el pasado 23 de Julio emitió la LEY DE PAGO EN PLAZOS JUSTOS (ley 2024 del 23 de julio del 2020), en la cual se estipula en términos generales un plazo máximo de 60 días para realizar cualquier pago a contratistas o proveedores, esto es entre la fecha de aceptación de la factura y la de generación del pago, a partir de la entrada en vigencia de la mencionada ley. Pasado un año el término se reduce a 45 días.

Es importante tener en cuenta que el no cumplimiento de los parámetros establecidos por la presente ley otorga al proveedor la potestad de reclamar al deudor una indemnización por todos los costos de cobro debidamente acreditados.

La norma es de carácter imperativo, lo que quiere decir que no podrá ser modificada por mutuo acuerdo entre las partes, y  cualquier disposición contractual que le modifique o le contraríe, se entenderá como ineficaz de pleno derecho, sin necesidad de declaración judicial.

De igual manera la ley posee excepciones dependiendo del cliente, proveedor o circunstancia en el proceso de aceptación de facturas o emisión de las mismas, por tal razón es importante que cada compañía revise detalladamente la ley y valide internamente, tanto con su departamento de tesorería como con su departamento de facturación, cada condición, lo importante en términos de esta norma es entender los beneficios financieros que se pueden aprovechar como proveedores y clientes que cada uno de nosotros somos.

Ver Ley «ley 2024 del 23 de julio del 2020»